¿Desarrollo sostenible?

Tras causar infinidad de problemas durante sus últimos años de funcionamiento, la antigua depuradora del Mar Menor Sur, ubicada a la entrada de El Algar, cumplirá una doble función que puede redimirla tanto como instalación de saneamiento como en un nuevo papel de recuperación de la fauna autóctona, durante los próximos quince años.
Un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), que fue autorizado por el Gobierno local en la última reunión del año pasado, dividirá la instalación en dos partes.
Una de ellas ejercerá como subestación intermedia entre los colectores de saneamiento de Los Urrutias, El Algar y sus inmediaciones y la nueva depuradora del Mar Menor, situada en Cabo de Palos. La otra será cedida a Anse para que este colectivo transforme sus balsas en humedal con flora autóctona para aves de paso y fauna. Este funcionamiento mixto se extenderá hasta el año 2025.
Vertidos al Mar Menor
La depuradora dejó de prestar servicio hace un par de años. Sus continuos vertidos a los cauces anexos, en los que además se mezclaban aguas de lluvia con otras residuales fueron foco de infinidad de problemas en esta zona litoral del Mar Menor. En 2008 se acabó el problema, con la inauguración de al depuradora de Cabo de Palos y la puesta en servicio de la red de colectores que pasó a conectar todas las localidades de al ribera sur del Mar Menor con esta nueva infraestructura y concentró los vertidos controlados de lo residuos hacia el Mar Mediterráneo, en las inmediaciones de Cala Reona.
Desde entonces, las instalaciones habían sido sometidas a un proceso de soterramiento con escombros, en varias de las lagunas que quedaron colmatadas, mientras que las otras se mantuvieron al descubierto con una labor moderadora de los caudales de la red de saneamiento que a partir de ahora asumirá Aquagest con todas las de la ley, según confirmó el concejal de Infraestructuras, Francisco Espejo. De esta manera, la empresa de mantenimiento del alcantarillado se quedará con una de las tres pequeñas balsas anaerobias y con otra de las aerobias de gran capacidad. El sistema que formen ambas tiene como objetivo evitar la mezcla de las aguas residuales, que serán enviadas a la depuradora de Cabo de Palos, de las procedentes de lluvias y las menos contaminadas. El principal inconveniente de la instalación que causaba problemas, por ende, a toda la zona era que estas aguas acababan en muchos casos mezcladas cuando se producían vertidos a los cauces cercanos. La reutilización de una de las dos balsas como tanque de tormentas evitará esa posiblidad.
Por lo que respecta a la creación del humedal, la Asociación de Naturalistas del Sureste presentará en breve un proyecto de adecuación de una de las balsas anaerobias, de una de las de transición y de las tres asociadas, para que formen parte del complejo ecológico en el que se quiere dar cobijo a aves migratorias.
Anse ya llevó a cabo un proyecto similar para acoger a aves migratorias que hacían paradas en la depuradora de Cabezo Beaza. En aquel caso, la Comunidad Autónoma, de la que depende esa instalación, firmó un acuerdo para permitir el acceso de los ecologistas. Pero en este caso, la organización podrá utilizar las instalaciones como mejor le parezca.
La gestión conjunta de estas instalaciones será gobernada por una comisión de seguimiento en la que estarán integrados la asociación ecologista y el Ayuntamiento. El acuerdo para darle uso a la antigua depuradora fue posible como parte adicional al pacto que también incrementó hasta 2025 la cesión de uso de los terrenos que ocupa el vivero de Anse en el Barrio de la Concepción. De esta manera, el Ayuntamiento y el grupo ecologista entran en una nueva senda de buenas relaciones y colaboración, tras un año de conflictos.

Las inmediaciones de las balsas de depósito de la antigua depuradora de El Algar ya eran, a comienzos de los años 90, una zona en la que se detectó la proliferación de aves acuáticas, que hacían un alto allí durante el periodo de reproducción y nidificación o bien para pasar parte del invierno.
La aparición de estas colonias itinerantes, que también hacen acto de presencia en otras estaciones de la comarca, es una gran fuente de datos para detectar especies raras o amenazadas y ayudar a su pervivencia.
La labor de cegar los vaso de las balsas una vez clausurada la depuradora hubiera acabado con ese papel ecológico, por lo que el convenio de Anse con el Ayuntamiento de Cartagena resultará básico no solo parea mantener esa población de aves, sino también para estudiarlas.
Raras y amenazadas
Entre los ejemplares que han sido avistados allí están anátides como el tarro blanco y limícilas como la cigüeñuela y el chorlitejo patinegro. También pasan por allí aves migratorias de gran valor como la cuchara, el pato azulón o la cerceta pardilla, especie ésta última de la que quedan cada vez menos ejemplares, según los ecologistas.
Los correlimos, los andarrios los archibebes, las garcetas comunes, las garcillas bueyeras y las garzas reales completan el hábitat que se pretende recuperar en la antigua depuradora.
Asimismo, en alguna ocasión se ha visto algún águila calzada o algún aguilucho lagunero y, en menor medida, especies raras en esta zona del mediterráneo, como el correlimos gordo y de Temminck.
La antigua depurada se halla a escasa distancia de la valiosa y protegida marina de El Carmolí.

Saltarse en 47 hectáreas el perímetro para el que tenía autorizada la extracción de áridos, invadir una zona de monte protegida por la Unión Europea debido al alto valor ecológico de la flora, destruir ejemplares de especies específicamente amparadas por la legislación y poner en riesgo otras, así como pasar por alto las órdenes de detener esta actividades irregulares y continuar sacando piedra puede costarle penas de cárcel y una indemnización económica al empresario que explota la cantera El Corral, en el entorno del barrio cartagenero de Lo Campano. La Fiscalía ha presentado una querella contra el representante legal de la mercantil Hijos de Emeterio Escarabajal, que va a ser imputado por un delito contra el medio ambiente y otro de desobediencia a la autoridad.
Tras una investigación en la que ha recabado informes de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y la Guardia Civil, el Ministerio Público ha remitido a los juzgados de Cartagena un escrito que, según fuentes judiciales consultadas por 'La Verdad', servirá de base para un proceso que puede afectar también a otras personas que hayan participado en el proceso de extracción.
Detrás del nuevo hospital
La licencia original de la Dirección General de Minas, que data del 1 de junio de 1993, recogía la explotación de filitas en una extensión de 33.233,50 metros cuadrados. Lo hacía para un periodo equivalente a aquel para el que la empresa tuviera derecho a la explotación.
Así que la Fiscalía decidió hace unos días emprender acciones legales tras recibir un informe de la Comunidad, y en concreto del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales, en el que se establece que las tareas ilegales de desmonte en el llamado paraje de San Juan (a espaldas del Hospital Santa Lucía) han afectado a 47.000 metros cuadrados de naturaleza forestal; y de la que se han eliminado hábitats de interés comunitario que ocupaban una zona de 40.000 metros.
El expediente de la administración regional detalla que la mercantil causó daños a matorrales termomediterráneos y preestépicos, así como a zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 'Thero-Brachypodietea'. En concreto, los inspectores constataron que se «habían arrancado ejemplares de palmito ('Chamaerops humilis'), una especie amenazada considerada de interés especial.
Los expertos añaden que el plazo de recuperación de la vegetación será de seis a diez años tras una conveniente reforestación, y que el perjuicio económico es de unos 3.500 euros.
Asimismo, el Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial emitió también un informe según el cual las extracciones sin licencia han puesto «en peligro grave» el equilibrio de los sistemas naturales de la zona. Y cita la «probabilidad alta» de que se hubieran destruido individuos de especies amenazadas como el ciprés cartagenero ('Tetraclinis articulata').
Penas de prisión
Fue la Guardería Forestal la que, en septiembre de 2008, la que primero alertó de la eliminación de ejemplares de palmito, el acebuche u olivo silvestre ('Olea europaea') o cambrón ('Rrhamnus lycioides), así como a numerosas labiadas, cistáceas y herbáceas.
La Fiscalía ha solicitado como medida urgente la paralización cautelar de los trabajos en la zona de monte protegido. Ya en marzo de 2010, agentes medioambientales comprobaron que la empresa había hecho caso omiso a la orden de detener la actividad dictada un año antes por la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad.
Las fuentes consultadas indicaron que las penas por delito medioambiental pueden ir de seis meses a cuatro años de prisión, por daños a la flora amenazada de cuatro meses a dos años, y por desobediencia de seis meses a un año.
Este diario trató, sin éxito, de contactar con la empresa explotadora de la cantera para conocer su postura sobre la querella.

Si los colectivos ecologistas, los profesionales del sector, los
científicos, los naturalistas y los aficionados a la naturaleza de a pie
(que hay unos cuantos, por cierto) se llevaron un chasco cuando
Valcárcel arrinconó las competencias de Medio Ambiente en la Consejería
de Presidencia, el estupor es absoluto tras la prematura salida de la
directora general Teresa Navarro (con su inquietante trastienda) y la
llegada a este departamento del caravaqueño Amador López, un político con tremendo perfil 'ladrillero' y poco en su currículum que pueda aproximarle a la tarea que va a desarrollar.

Hoy es el día en que Amador López llegará a su nuevo despacho y
comenzará a ponerse al tanto de los asuntos pendientes. Trámites
ambientales que revisar, autorizaciones que analizar, decisiones que
sopesar, y también la obligación de tener aprobados los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 para el mes de julio
-nada menos que 50 de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y casi 20 de
Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA)-. ¿Se llegará a tiempo? A
simple vista parece difícil, lo que puede acarrear una denuncia de la
Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo.
Canarias ya está condenada por no hacer los deberes a tiempo.

¿Será ésta la prioridad de Amador López? No parece, ni por su perfil
profesional ni por los antecedentes de la Administración regional: la única, junto con Madrid, que aún no ha aprobado ni un plan de gestión de especies amenazadas.

Amador López, maestro de Primaria hasta su prejubilación (profesión
que compaginó algunos años con la de abogado, puesto que también es
licenciado en Derecho), ha sido director general de Función Pública,
diputado regional y concejal de Hacienda y Urbanismo en Caravaca.
Precisamente durante su estapa como edil de Urbanismo se aprobó
el PGOU del municipio, largamente empantanado, y florecieron los
convenios urbanísticos, entre otros los fallidos del Roblecillo
y la finca Gorrafina (Archivel), donde se iban a construir miles de
viviendas sobre explotaciones agrícolas. "Ponemos casas donde antes
había lechugas, solo hay que cambiar el uso del agua", o "Hay que
aprovechar lo que la legislación permite porque genera riqueza y
progreso para el municipio", solía argumentar en los plenos antes las
críticas de la oposición.

Aunque el fiasco urbanístico que seguramente peor recuerdo le trae es el que se ha resuelto con una condena al Ayuntamiento de Caravaca,
que tiene que pagar 8,5 millones de euros a la UTE formada por
Construcciones Villegas, Guifersol y Trimtor, esta última propiedad del
presidente de la patronal murciana, Miguel del Toro. Estas empresas se
comprometieron a hacer una serie de obras en el municipio y a construir
un nuevo campo de fútbol a cambio de quedarse con el viejo estadio para
edificar en el solar. Pero no toda la superficie comprometida por el
Ayuntamiento era finalmente de propiedad municipal -por un error en la
cartografía del PGOU, se defendió el entonces concejal Amador López-, lo
que terminó en denuncia del grupo empresarial, condena y posterior
recurso contencioso administrativo del Ayuntamiento ante el TSJ, que aún
no ha decidido.

De Amador López se dice que tiene gran capacidad de trabajo, y que en
lo personal es serio y redicho, amante del lenguaje retórico y
administrativo, y en principio poco accesible. Estoy seguro de que no es el interlocutor a priori más cómodo para las organizaciones ecologistas, que acumulan una larga lista de agravios. Salvo milagro o sorpresa, no parece que vaya a haber mucho 'feeling'.

Baleares da su aval a la construcción de un megahotel en la playa virgen de Es Trenc
El Ejecutivo balear defiende el proyecto porque "es una actividad legítima generadora de puestos de trabajo".